Controversia en Los Vilos por Liberación de Miembros del Tren de Aragua

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un extenso operativo con el objetivo de detener a una banda dedicada al secuestro de personas, la cual tendría nexos con la megabanda internacional Tren de Aragua. Esto sucedió en noviembre del año 2023, en donde se detuvo a seis sujetos bajo los cargos de asociación ilícita y secuestro agravado.

Los integrantes de la banda, en su mayoría de origen venezolano, permanecieron en prisión preventiva, sin embargo, en una cuestionada audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juzgado de Garantía de Los Vilos accedió a la solicitud de las defensas de cinco imputados y rebajó la medida a arresto domiciliario total, previo pago de una fianza de $5 millones.

Audiencia Controvertida y Fuga de Imputados

La audiencia, que se desarrolló el pasado lunes, estuvo marcada por el cruce de cuestionamientos entre la magistrada Daniella Pinto y el abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto. La jueza argumentó que Soto no presentó suficientes antecedentes para justificar la necesidad de mantener a los imputados en prisión preventiva.

La situación se complicó dado que tras la decisión del tribunal, cuatro de los cinco sujetos no pudieron ser localizados por la policía, tras revertirse la decisión por la Corte de Apelaciones de La Serena, que ordenó mantener la prisión preventiva, de los cuales solo uno de los imputados se entregó voluntariamente en la PDI de la Región de Coquimbo.

Reacciones y Críticas

La modificación en las medidas cautelares levantó una serie de cuestionamientos, incluso desde el gobierno, y llevó al Ministerio Público a abrir una investigación administrativa. La solicitud de revisión fue requerida por la defensa de los imputados, argumentando que no existían suficientes pruebas que los vincularan con la investigación por secuestro.

En la audiencia, los abogados defensores cuestionaron cada punto presentado por la Fiscalía Local de Los Vilos. Luis Soto, encargado de la exposición por parte de la fiscalía, no logró convencer a la magistrada con sus argumentos, lo que llevó a la jueza Pinto a rebajar las medidas cautelares.

En tanto, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha iniciado un sumario para determinar lo sucedido en este caso y evaluar si se cumplieron las directrices regionales vigentes para la preparación de fiscales y abogados. El presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, señaló la necesidad de abordar problemas estructurales y mejorar la dotación y distribución de recursos en las fiscalías.

Declaraciones del Fiscal Regional

El Fiscal Regional, Patricio Cooper, reiteró que la Fiscalía de Coquimbo ha comenzado una investigación interna para esclarecer posibles errores en el caso. “La Fiscalía Regional de Coquimbo ha dispuesto la realización de una investigación administrativa para evaluar el cumplimiento de las directrices en la preparación de audiencias. Además, hemos tomado decisiones rápidas respecto a la causa misma, presentando un recurso de apelación que fue acogido por la Corte de La Serena y coordinándonos con la Policía para la detención de los imputados. Uno de ellos ya ha sido detenido y vuelto a prisión”.

Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las capacidades y recursos de las fiscalías locales para evitar errores que puedan comprometer la seguridad pública.

Información extraída desde La Tercera.